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Porque, por eso último, nadie por aquí puede caerle encima con el rigor ni la fuerza de ninguna ley o pena que por ella deba cargar. Porque aquí, el desmonte no es ilegal. Es, apenas, un pecado moral para todo aquel que se precie de humano. Pero nada más. Para quienes no les pica la conciencia del daño real, ni arrastran esa incordiosa responsabilidad de la moral, los montes y bosques cordobeses aún están a su disposición. No tienen más que arrastrar la topadora o apagar la conciencia con la misma facilidad con que se enciende un fósforo, y hacer del monte cenizas; y de lo que allí quede, cualquier cosa que les otorgue mayores dividendos que preocuparse por la conservación. No se culpen. La protección de los bosques nativos cordobeses, de la flora y fauna autóctona que todavía se mantiene en pie, o de los vestigios humanos que por allí se sostienen, no es algo que deba preocuparles. En definitiva, no es tema de preocupación para los cordobeses tampoco.
Al menos, así parece haber quedado claro hace pocos días, cuando la legislatura autóctona volvió a patear para el año próximo el tratamiento de la Ley de Ordenamiento Territorial, por medio de la cual debe adherir a la Ley Nacional de Bosques y Medioambiente. No es un pedido nuevo que, entre otros tantos que le aturden, haya caído de parte de un sector social disconforme; pero será que de disconformidades y demandas sociales tiene tanto ya, que se ha vuelto inmune a los ruidos molestos. Aunque tampoco es un deber de última hora del que no haya podido anoticiarse, esta responsabilidad de la provincia de adherirse a la Ley Nacional 26.331; quizás los constantes tironeos con el Gobierno nacional hayan inmunizado a esta legislatura también de su sentido del deber. En fin, que se trata de un asunto tan grave como serio. Y al mismo tiempo, de la carrera que mejor hemos ganado, por lentos nomás: desde hace algunos años, la provincia de Córdoba ostenta el primer puesto en el ranking de las provincias argentinas con mayores tasas de deforestación, con una reducción anual del 2,93% de su territorio por causa del desmonte. Desidia que nos otorga, además, la medalla de estar dos veces por encima de la tasa media de deforestación a nivel mundial.    
La superficie total de la provincia suma un total de 16 millones de hectáreas de superficie. Antes de ser premiados con los vergonzosos récords recién mencionados, 12 millones de hectáreas eran propiedad exclusiva de los bosques nativos. En la actualidad, el avance de la actividad agropecuaria (cuya condición sine qua non es el desmonte), los incendios forestales (causa y consecuencia de lo anterior), la tala desbocada por la obtención de madera (nuestros bosques y montes nativos cuentan con un patrimonio abundante de maderas duras como el algarrobo o el quebracho), el sobrepastoreo por free−lots y la invasión de especies forestales exóticas han dejado cuestionablemente intacto el 5% de la superficie original. Sólo quedan unas 600.000 hectáreas de bosques nativos degradados y 100.000 hectáreas de bosques en buen estado de conservación. Imagine qué tan mínimo es ese número, a pesar de sus ceros, cuando en lo que va de este año se han pulverizado más de 300.000 hectáreas tras los incendios. 
El año pasado, el gobierno provincial creó la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), de la que participan diversas universidades nacionales y organismos de investigación, así como diferentes organizaciones de defensa del medioambiente y los Derechos Humanos, para establecer un diagnóstico fehaciente sobre la situación de las áreas naturales autóctonas. Sus miembros, muñidos de un listado de 70.000 firmas y argumentos de sobra, se instalaron en la Legislatura Provincial hace unos días exigiendo el tratamiento y la aprobación de la ley por la que se los convocó. Sin embargo, la desidia y la indolencia gubernamental obstaculizan el hecho insistiendo con que, más que en la conservación, el centro del debate radica en hasta qué punto la aprobación de la ley limitará el avance de las producciones agropecuarias y el loteo (en gran medida destinados a countries o feed-lots, corrales para cría intensiva de ganado).
Para adherir a la norma nacional, la ley deberá dividir el territorio cordobés en tres zonas: roja (de preservación total), amarilla (habilitada únicamente para actividades económicas sustentables) y verde (zonas sin forestación aptas para la urbanización o el uso agropecuario). Ahora bien, el conflicto de fondo está ahí, en cuánto pintamos de cada color.
Es ahí donde el poder de los grandes lobbies agropecuarios juega un papel definitorio. La Sociedad Rural y CARTEZ (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), que inicialmente participaron de la COTBN, pronto se alejaron y ahora son quienes pujan por imponer su propio anteproyecto de ley con la propuesta de poner en rojo una zona mucho menor a la que recomienda y exige la Comisión. Por su parte, la Federación Agraria y el Movimiento Campesino (agrupación de pequeños productores del norte) avalan y defienden la propuesta de la COTBN. Hasta ahora, la balanza cae por el lado de los dueños mayoritarios de la tierra, y la clara falta de intención gubernamental cede por el mismo peso de la intención de aquéllos.
Tal vez, la sequía que durante estas semanas interrumpió el suministro de localidades enteras pero no impidió el riego de campos enteros que nadie controló, sea preocupación una preocupación pasajera para un gobierno con miopía alarmante que no termina de ver dónde está la cusa de la escasez de agua. Un gobierno, en realidad, extremadamente imbécil, que sólo discute los costos y la metodología para meter medidores de agua y cepos en los hogares cordobeses, cuidándose de atender y cuidar los intereses de sus terratenientes. No es consuelo ni aliento la seguidilla de publicidades oficiales que muestran al gobernador paseándose por los escombros de sus obras hídricas. Nada se resuelve, J.S., con más impuestos ni obras. La única opción válida podrá darla el día en que decida transformarse en un hombre serio, en un hombre, en un gobernador. Mientras favorezca el desmonte, no tendrá suelo que le retenga el agua por la que reza para mojar sus obras. Mientras siga actuando como actúa, buen heredero de sus predecesores, no habrá suelo que nos sostenga.