26.11.2009 | El pasado miércoles, un grupo de manifestantes se reunió frente a la casa de Eduardo Pezzati para elevar sus reclamos. Los trabajadores pertenecen a las empresas que desean ingresar a trabajar al puerto y que el Consorcio aún no habilita, a pesar de tener todo en regla.
La Cámara Nacional de Apelaciones le dijo al fiscal general Daniel Adler que trabajó poco. Los jueces lo retan por escandaloso, y le dicen que ni siquiera se ocupó de precisar lo que quería decir. Esta vez no funcionaron las órdenes que el fiscal quiso dar desde arriba, ni sus métodos de trabajo tan poco ortodoxos. Aprieta a sus súbditos: los otros no se dejan.
La desfachatez con la que la clase dirigente se presenta ante la sociedad merecería un estudio sociológico profundo. Quienes nos representan, ¿son una proyección fiel de la sociedad? ¿O son una muestra esperpéntica del conjunto, que, merced a su falta de escrúpulos, puede actuar como lo que no es, la sociedad misma? Difícil pregunta, de compleja respuesta. Porque no es dable creer que Horacio Tettamanti, dueño de Servicios Portuarios Integrales (SPI), o Eduardo Tomás Pezzati, presidente del consorcio portuario y de todo consorcio o ente que haga falta para dar trasiego al dinero público, representen a la sociedad marplatense. Menos aún su jefe político Gustavo Arnaldo Pulti.
El fiscal del caso Carolina Píparo detalla cómo sigue la causa y afirma que estos delincuentes no salen a robar para alimentar a sus hijos sino para vivir sin trabajar, consumir drogas, entre otras cuestiones.