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Cualquier nativo de la ciudad sabe que la vergüenza de la terminal de micros de calle Sarmiento es añeja. Y también lo es el relato de quienes aseguran que alguna vez ese fue un punto estratégico para la llegada de veraneantes, y un edificio al menos respetable. Desde hace años, es un ámbito poco hospitalario, deteriorado, indigno de una ciudad que se da el lujo de utilizar el pomposo mote de “capital turística”.
Algo había que hacer, y era evidente. Pero tras el cambio, se veía venir el negociado. Ese fue el primer rumor que se echó a correr cuando se habló de pasar de la terminal vieja de Sarmiento y Alberti al nuevo predio que se construiría en la histórica terminal de ferrocarriles. Comenzó a hablarse de la Ferroautomotora, y a decirse que el viejo edificio de la terminal sería convertido en un centro cultural y comercial, lo cual siempre sonó a otro arreglo mayor que el anterior: resultaba difícil de creer que el hogar de las palomas de media ciudad se convirtiera por obra y gracia de alguien en las nuevas Galerías Pacífico de la costa.
Primero se habló de una supuesta licitación pública nacional dispuesta en noviembre de 2007 por el Ministerio de Planificación Federal; la concesión fue otorgada a la alianza UTE integrada por Néstor Otero, ROTRAN SA y Ferrovías SA, que debería pagar $49.258.385, IVA incluido. El canon mensual de la empresa sería de $20.670.
Néstor Otero, quien ya tenía la concesión de la terminal de Retiro y de la estación de ferrocarriles de Once, era el adjudicatario del contrato para llevar adelante el proyecto de la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata. No obstante, todos preguntaban de dónde había salido. Lo cierto es que la propuesta arquitectónica original preveía la construcción de una estación de servicio de uso exclusivo para los micros, una torre de control, y otra estación de 2.000 metros cuadrados para vehículos particulares. También contemplaba la apertura de un Centro Cultural de 1.300 metros cuadrados dentro del edificio de la estación de trenes, un área de estacionamiento y espacio verde de 10.000 metros más.
La estación terminal nueva incluiría 25 dársenas para el ascenso y descenso de pasajeros, y otras 25 para la espera de los ómnibus. Las instalaciones contarían con locales comerciales y gastronómicos, espacios de publicidad, área de boleterías, y locales de información turística. Según el proyecto presentado por la UTE, tendría también guardería de equipajes, sector de encomiendas con depósito, baños públicos, talleres de mantenimiento y servicios para el personal de la terminal. Habría dos playas de estacionamiento: una descubierta, con capacidad para más de 120 vehículos y otra bajo cubierta, para 110 autos. Ambos sectores estarían unidos por una plaza de 10.000 metros cuadrados.
¿Parece mucho? Siempre pareció demasiado, pero se intentó hacer público que un empresario generoso, amigo de Florencio Aldrey Iglesias y aportante de la campaña presidencial, sería quien se haría cargo de cumplir tantas promesas, y beneficiar a esta ciudad como un Santa Claus moderno.

El aportante

Él se llama Néstor Otero, y controla la Terminal de Ómnibus de Buenos Aires, un nodo que tiene la responsabilidad de recibir entre 50 y 100.000 pasajeros cada día, que no pueden elegir si acudir allí o no. Son su público cautivo.
Pero la empresa consignataria de Otero -según un informe de la Auditoría General de la Nación- le debe al Estado más de 50 millones de pesos en concepto de canon. Encima, presta un servicio deficiente. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte no sancionó nunca sus incumplimientos, y como premio, la Secretaría de Transporte prorrogó aquella concesión porteña hasta septiembre de 2015: cuatro años después de que finalice el mandato de Cristina Kirchner. Pero no solamente eso, sino que además redujo el canon que deberá abonar, a una cuarta parte.
La generosidad política es asombrosa y desproporcionada. Se dice que Otero fue el particular que más dinero aportó a la campaña presidencial de Cristina Fernández: 150.000 pesos. Pero su rédito económico superará esa cifra varias veces.
El contrato originario para la administración de Retiro se había firmado en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, y preveía una vigencia de doce años. Durante ese período, la empresa podría explotar el servicio a cambio del pago de un canon que ascendía a 411.725 dólares mensuales. Según detectó la Auditoría General de la Nación, durante los primeros cuatro años de concesión se produjeron reiterados incumplimientos por parte de la empresa, referidos, en especial, al vencimiento de los plazos en la entrega de las obras comprometidas por el concesionario, y al pago del canon mensual.
Al momento en que se renegoció el contrato, en noviembre de 2005, la Secretaría de Transporte fue instruida para proponer modificaciones a la concesión. A fines de 2006, Néstor Otero logró extender la relación contractual hasta septiembre de 2015. El nuevo contrato incluía un plan de obras y mejoras que debían ejecutarse en tres etapas, de entre 3 y 18 meses. Pero transcurrido ese plazo, la mayoría de las obras no se han hecho. Entre ellas, la ampliación de la calle elevada para taxis y pasajeros; la instalación de cuatro ascensores; la colocación de 100 monitores para informar arribos y partidas en el hall y sector de embarques; la construcción de un sector para servicios internacionales; una sala de espera; una confitería; un kiosco; baños exclusivos y oficinas para Migraciones. Debía realizar además una ampliación del área destinada al estacionamiento de los micros en terrenos linderos.
La Auditoría señaló también que Otero tuvo reiterados incumplimientos en la prestación de servicios de vigilancia y control en el ámbito de las paradas de taxímetros habilitadas, y que carece del servicio de carros y maleteros que se le había exigido contractualmente. No tenía tampoco baños rentados, ni guardería infantil, ni correos ni casa de cambio, ni prestaciones especificadas para estaciones de servicio. Se podían registrar excesos de precios en el rubro de kiosco, bares y confiterías, que resultaban muy superiores a los de plaza, con diferencias que iban desde el 16% hasta el 85%. El informe registraba impedimentos de accesibilidad, comunicación y seguridad de las personas con movilidad reducida en el edificio de la terminal.

¡Milagro!

A pesar de las graves faltas que registraba el informe, el Gobierno no sancionó a TEBA –la firma de Otero- , y además le otorgó la ventaja de una reducción del canon mensual: de $411.725 a $100.000. Pero la empresa no cumplía con el pago del importe correspondiente al canon, y registraba una deuda de $23.806.365,81 en concepto de capital y $18.478.518,22 por intereses punitorios. De todas maneras, alguien continúa creyendo que esta vez sí cumplirá.
Los diputados Silvana Giúdici, Oscar Aguad, Miguel Ángel Giubergia y Alejandro Nieva ya habían presentado un pedido de informes sobre la renegociación del contrato con TEBA. Pero jamás les contestaron.
La obra de Mar del Plata debería comenzar en febrero de 2007, y demandaría 18 meses para su finalización, pero los trabajos no se hicieron en fecha: el predio estaba ocupado por varias familias que fueron luego relocalizadas. Entonces, Otero sí podía comenzar a poner algún ladrillo que sirviera para justificar las ganancias futuras, pero hizo poco. Ni siquiera cumplió con comunicar fehacientemente el traslado de todas las actividades al nuevo predio antes de la temporada estival, lo cual provocó no pocas humoradas y anécdotas de choferes desorientados que quedarán para el recuerdo.
De todas formas, como es vox pópuli en la ciudad, el amigo del faraón tiene vía libre para decir que construirá otra pirámide, cobrar por adelantado y poner estacionamiento medido antes de que haya nada para ver. Total, la gente que ya soportó años la incomodidad de calle Sarmiento, considerará siempre que algo avanzamos, porque por lo menos se cambia el aire.