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Jamás ha sido sencillo ser estudiante universitario. En contra de las fantasías de algunos, el desarrollo de una carrera de grado implica tensiones y recorrer un arduo camino para mantener los ojos en el objetivo. A veces, la inexperiencia hace que el conocimiento parezca un territorio a conquistar para aprobar exámenes. Hay que hacer rendir el tiempo, renunciar a la diversión propia de la vida juvenil, y lograr que el dinero alcance para los gastos, que son muchos. No es una tarea sencilla, porque la universidad es y será un reflejo de la sociedad misma, donde están representados distintos sectores, con sus más y sus menos.
Cuando la sociedad representada es esta que nos ha traído el nuevo milenio, las cosas se complican. ¿Qué hay de los noventa y su anti aprendizaje político? ¿Qué fue lo que quedó del franco ejercicio del avasallamiento de las reglas y de las instituciones, cuyas autoridades, para bien o para mal, habían sido elegidas por procesos democráticos? Lo que queda es esta enorme confusión.
La intolerancia política es moneda corriente entre algunos que acusan a otros de ser corruptos y fascistas. Se trata de confundir democracia con unanimidad, y creer que cuando se pierde una elección, o cuando la representatividad que un grupo ha logrado no alcanza para influir directamente en las decisiones institucionales, el camino se puede allanar a palos. Esa es la metodología social que parece ahora estar ingresando en los claustros, donde se gestó el conocimiento desde la más antigua tradición.
La universidad es una entidad autónoma cogobernada por órganos elegidos democráticamente, mal que les pese a muchos. Los hechos lamentables que dan lugar a esta nota sucedieron así.

Paso a paso

El pasado 2 de diciembre, un grupo de estudiantes había golpeado al secretario del Consejo Académico Germán Tacla, y lo había envuelto en una bandera verde representativa de una agrupación, en el momento en que el funcionario se levantaba de su sitio a recoger el voto de cada uno de los miembros. En ese instante, los involucrados pudieron observar que perdían numéricamente y reaccionaron con violencia.
La excusa para esta actitud fue el desacuerdo con una problemática relacionada con los concursos de cargos en la carrera de Geografía, trabados desde hace un año y medio. En la ocasión se había propuesto que los expedientes correspondientes a postulantes para ese concurso debían volver al órgano de origen, es decir al departamento correspondiente, para ser reordenados. La razón es que se encontraban en estado caótico, merced a la superposición de cartas y reclamos de concursantes que se incluían en cada uno de ellos.
Los mismos estudiantes ingresaron ese día y por la fuerza en la sede del decanato, en el tercer piso de la Facultad de Humanidades, que funciona en el Complejo Universitario de Funes y Peña. Tuvieron una actitud intimidatoria, insultaron, agraviaron, sacaron fotos, filmaron el trabajo que realizaba la vicedecana, y en todo momento se negaron a identificarse.
La actitud amedrentó al personal que desempeñaba funciones en el edificio: los no docentes resolvieron no asistir a sus lugares de trabajo hasta que los grupos violentos depusieran su actitud. Los docentes, por su parte, decidieron que no tomarían exámenes hasta que la situación institucional se regularizara.
El resultado fue el esperable, ya que esto generó una primera fractura. Muchos estudiantes reclamaron a los activistas por su derecho a finalizar con normalidad un ciclo electivo por el cual se habían desvelado en numerosas jornadas de esfuerzo. Algunos debían rendir materias para poder regresar a pasar las fiestas con sus familias, en sus lugares de origen. Otros, quizá, terminar una carrera de más de cinco años.
La toma se extendió hasta el 7 en el interior del Decanato, fecha en la cual los manifestantes en cuestión no se retiraron completamente del edificio, sino que se ubicaron en el pasillo frente a la puerta de ingreso, asegurando que permitirían el normal desempeño de las tareas.

Dolorosa

“No todo el mundo está en las mismas condiciones de resistir” dijo la decana Cristina Rosenthal en entrevista para la 99.9, justificando así el temor que hizo que muchos de quienes trabajan en esas oficinas prefirieran continuar desempeñándose en otra dependencia, y no exponerse a un nuevo acto de violencia, que era más que esperable. Así fue.
El 16 de diciembre se repitió el procedimiento de la toma, cuando se encontraban en las oficinas la secretaria de Investigación y Posgrado Marta Arana, la coordinadora de Posgrado Mónica Marinone, la secretaria de Coordinación María Claudia Lombardi y dos empleados del sector. La decana se encontraba en la oficina de Despacho, donde los estudiantes se dirigieron luego, y comenzaron a tirar papeles  por debajo de la puerta cerrada a la vez que golpeaban con fuerza. Ante esta situación, las funcionarias decidieron convocar a un escribano público que certificara la situación, los daños posibles, y las personas que se encontraban involucradas.
El notario Guillermo Luis Grassi concurrió inmediatamente, y acompañó a Cristina Rosenthal hasta el Decanato, donde ambos permanecieron hasta que la situación de franca tensión se hizo insostenible. Los estudiantes se habían sentado en las oficinas, se negaban a dar sus nombres y a deponer su actitud. El panorama desolador incluía no solamente el sonido de los bombos que hacía imposible la comunicación oral plagada de insultos, sino además colchones, mantas y objetos de uso personal. Hasta ese día habían permanecido en el pasillo unas 8 personas. No todas pertenecían a Humanidades, sino que había alumnos de Ciencias Exactas y de Salud. Incluso, un representante de la primera de estas unidades académicas reconoció públicamente durante una sesión del Consejo Superior que él había dormido tres noches en la toma. Se rumorea que hay además militantes de movimientos barriales, cuyos rostros son reconocibles para la ciudadanía.
La situación se extendió hasta la víspera de Navidad, ya que el 24 de diciembre al mediodía, los estudiantes se retiraron sin mediar comunicación alguna.
La decana Rosenthal hizo apreciaciones respecto de lo sucedido en una entrevista que se llevó a cabo el día 22, antes de que la toma finalizara. En la oportunidad afirmó: “es un plan sistemático de violencia, que implica una falta de respeto a las decisiones del órgano de gobierno”. Además indicó que, si bien estos pequeños grupos están identificados, hay una serie de pasos burocráticos que cumplir para poder aplicar las sanciones disciplinarias que prevé la Resolución 822 del Consejo Superior.
De alguna manera, las noticias de índole nacional permiten contextualizar los sucesos, y relacionarlos con otras situaciones de violencia acaecidas en universidades nacionales de manera reciente. En tales ocasiones, más allá de las razones esgrimidas por cada sector, que podrán ser o no legítimas, la metodología utilizada para hacer valer las opiniones de los grupos minoritarios resultó totalmente inaceptable. Puede citarse lo sucedido en la Universidad de Mendoza, que resultó devastada porque un sector se oponía a la financiación a través de una partida de dinero que provenía de regalías de la industria minera. O los desmanes en la UBA, donde, más allá de poner en discusión o no la elección democrática de la autoridad, la presencia de sujetos activistas encapuchados tratando de imponer su opinión con palos trajo la imagen de la Argentina más triste que podamos imaginar o recordar.
“Ellos piden trasparencia en los concursos” dijo Rosenthal, “pero la trasparencia es una sola, no hay dos trasparencias”. Es decir, no hay una trasparencia a gusto de uno o de otro. La hay o no. “Llamar a la policía ante la toma de una universidad hubiera sido políticamente incorrecto, pero nosotros fuimos golpeados e insultados porque a su criterio somos autoritarios” agregó. Vaya paradoja.