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JUE 02 Septiembre 2010 | Mar del Plata

Reportajes

La seguridad en ojotas

10.01.2010 | La temporada veraniega 2010 ya se encuentra a pleno, tanto en la costa argentina como en Uruguay. A ambos lados de la frontera, el tema de la seguridad ha sido materia de discusión.

Quienes buscan descansar disfrutando de la arena y el mar tienen el derecho, además, de que se les asegure un clima de tranquilidad acorde a sus expectativas. Tanto en las playas argentinas como en las uruguayas, las autoridades han puesto en marcha dispositivos especiales para hacer de éste un verano pacífico y alejado de hechos delictivos que frustren el veraneo de miles de familias.
El Jefe de la Policía de Maldonado, el uruguayo Eduardo Martínez, y el jefe de la Departamental de Pinamar, Norberto García, explican los pormenores y alcances de las tareas extraordinarias en la fuerza para cubrir las necesidades de seguridad de veraneantes y locales.

En Punta del Este

N&P:
En los medios uruguayos aseguran que su policía puede trabajar y hacer una tarea preventiva por la llegada de delincuentes que buscan hacerse la temporada a costa de los turistas. ¿Comparte esta visión?
Eduardo Martínez: Es así. En el departamento de Maldonado hay gente que vive todo el año; tenemos una población fija de 190.000 personas, que se incrementa hasta los 500.000 en esta época del año. Vienen los que buscan descansar y pasarla mejor que en sus casas, también se acercan muchos que quieren trabajar y desarrollarse, y los oportunistas; estos últimos no son bienvenidos. Nosotros hace ya tres años que bregamos por la prevención, porque cuando los hechos suceden no se arregla con la cárcel, el hecho ya es historia. Nosotros apostamos muy fuerte a adelantarnos a los malos acontecimientos.

N&P: ¿Trabajan codo a codo con la Justicia, o van por carriles separados?
E.M: Trabajamos con los jueces y, sobre todo, con la doctora Adriana Graziuso, jueza de segundo turno. Discutimos posiciones y aplicamos la ley que data de 1941 sobre “Vagancia, mendicidad y estados afines”, problemas que por aquel tiempo, los legisladores veían como problemas. La gente que se para delante de otro y le insiste pidiéndolo dinero va contra el derecho de transitar libremente; pero ese es sólo uno de los temas. El año pasado se promulgó la Ley de Procedimientos Policiales, que le devolvió a la policía la posibilidad de identificar a una persona, vigilar quién anda, en consonancia con la propia Ley Orgánica policial, que nos ordena controlar a los delincuentes. Puede ser que conozcamos a los de nuestro departamento, pero hay que ver quiénes vienen, pedir antecedentes para evitar que deambulen. Ese es nuestro trabajo.

Las tareas

E.M:
Nos encontramos con individuos que deberían estar en prisión domiciliaria y sin embargo andan deambulando: automáticamente se los detiene y los ponemos a disposición de la Justicia. Pretendemos lo mismo que todos, por sentido común: vivir tranquilos, con la policía haciendo su trabajo de prevenir; eso es todo. Siempre, como exige el Código de Procedimientos, comunicando a la Justicia dentro de las 2 horas de producida la detención.

N&P: Esta nueva ley que se debatió en el Parlamento, ¿cambia el enfoque actual de desconfianza a la autoridad?
E.M: Lo que sucede es que no teníamos herramientas legales de procedimiento, no había nada. Administrativamente, operativamente, siempre se entraba en discusión. Con anterioridad a esta ley, para pedir documentos o secuestrar un auto había que conseguir el permiso de un juez, que nos daba el visto bueno. Esto, en la operatoria permanente, era un problema. En Uruguay, con respecto a la seguridad, hay ciclos; basta con ir a un museo para comprobarlo. Hasta 1800 no existían las rejas en las pulperías, pero en el año 1809 empezaron a hacer falta y se colocaron para que la gente pasara los billetes por abajo. Después tuvimos otra época de bonanza: yo soy hijo de una maestra, nacido en un rancho de paja, y en mi infancia no había necesidad de cerrar la puerta. Hasta que nuevamente se dio el cambio y aparecieron otra vez las rejas y las alarmas: ahora estamos en ese ciclo. Si me disculpa la comparación, son como modas. Por eso, a pesar de las críticas de algunos legisladores, las cosas hay que tratarlas con sentido común y mucha firmeza.

Operativo bonaerense

Durante el mes de diciembre próximo pasado, un importante operativo llevado a cabo por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, permitió desbaratar una banda delictiva que operaba en La Costa, Pinamar y Villa Gesell.

N&P: ¿Cómo fue el operativo preventivo realizado a las puertas de la temporada alta?
Norberto García: Más que preventivo es disuasivo respecto de futuros sucesos. Esta es una zona complicada porque contiene unas 45 localidades pequeñas, pero algunas de ellas muy importantes económicamente, como Pinamar, Villa Gesell, Cariló, Mar de las Pampas o Mar Azul. Son 160 kilómetros de costa que implican esfuerzo humano y material para la policía; logístico también, y esto ameritó actuar contra una banda que venía asolando la zona antes de que me hiciera cargo de la gestión.

N&P: ¿Cuál era el modus operandi?
N.G: Irrumpían en las casas de familia cuando la gente estaba cenando, en forma traumática los reducían, los ataban, comían en  el lugar, permanecían más de cuatro horas, y por último se llevaban todos los efectos importantes y un vehículo familiar. Esta banda tenía diferentes ramas: una marplatense y otra de Madariaga. Fue desmembrada en Cariló, tras un asalto. Se guarecieron de la policía de Pinamar, que los cercó en la reserva faunística, un lugar de difícil acceso, pero se manejaban con visores nocturnos. En esa ocasión se detuvo a 2 miembros y otros 2 se fugaron por la ruta, previo asaltar un establecimiento en Madariaga. Hace unos días se los capturó en San Bernardo, y se consiguió incautar 8 armas de fuego de grueso calibre: la mayoría armas largas pero también 2 pistolas 45 milímetros. Se desbarató a casi toda la banda, una mujer y tres hombres, dos de ellos con frondoso prontuario, uno con varios ingresos en distintas cárceles provinciales por robo calificado.

N&P: Si contaban, además de armamento pesado como armas de guerra y pistolas, con anteojos de visión nocturna, es evidente que no eran unos improvisados. Y que contaban con más recursos que la propia policía zonal.
N.G: Tenían un prismático diferente a los que usa nuestro grupo de élite, pero que cuenta con la misma capacidad. La geografía de esta zona cuenta con una vegetación muy profusa, así que es muy difícil poder ver bien: esto pasa en Pinamar, Acantilados, una vez nos pasó en Mar del Plata. Por consiguiente, con estos dispositivos se guarecían en zonas boscosas, y el móvil policial o la caballería pasaban a diez metros y no los advertían. La policía recolectó estos elementos y con ellos pudieron detenerlos. Fíjese que no sólo llegaron a comer lo que estaban cenando las familias, sino que en Costa del Este, un lugar similar a Cariló, se llevaron hasta las jaulas de unas cotorras. Hablé con muchas víctimas anteriores a mi gestión y lo sucedido les dejó una marca imborrable, porque estar en un lugar tranquilo y que los aten, los maltraten psicológicamente, y encima estén 5 horas, coman y se fuguen en el auto familiar…

N&P: ¿Actuaban a cara descubierta?
N.G: No, entraban a las casas con guantes de látex y con los rostros tapados. Pero gracias al trabajo de la Policía Científica se logró identificar algunas huellas, además de los indicios recogidos por los detectives y el aporte valiosísimo de los vecinos, que se comprometieron en las testimoniales; con todo esto se logró el éxito. Sin la participación comunitaria se hubiera demorado mucho más.

Punta sin mendigos

Con el objetivo de prevenir delitos y evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad en estas exclusivas playas uruguayas, una jueza penal del municipio de Maldonado decidió aplicar todo el peso de la ley y expulsar de los balnearios a los mendigos, personas con antecedentes penales y a quienes no puedan justificar trabajo o domicilio fijo. No todos están de acuerdo: algunos jueces critican la acción porque, dicen, pena la “portación de cara”.
Los defensores de la acción -entre ellos la cámara que agrupa a los operadores turísticos de Punta del Este- aplauden esta lucha contra la inseguridad. En la otra punta, los detractores, en su mayoría otros jueces, critican la decisión por considerar que viola el derecho de libre circulación de las personas. En el medio de la polémica, la jueza sostiene que no ha tomado ninguna decisión que no esté contemplada por la Ley de Procedimiento Policial, aprobada durante el gobierno de Tabaré Vázquez tras un arduo debate, y que en definitiva, esas medidas son las mismas que se aplican en todo el Uruguay.
La decisión de la jueza está basada además en una norma sobre “Vagancia, mendicidad y estados afines” que data de 1941 y que estaba prácticamente en desuso. En su momento, la doctora Graziuso había dicho que “el aspecto y el estado de salud serán determinantes a la hora de definir si la persona tiene capacidad para trabajar o no”, lo que provocó críticas entre sus pares. Dos abogados uruguayos, el constitucionalista Martín Risso y el penalista Diego Camaño, coincidieron en criticar la Ley de Procedimiento Policial y en defender el derecho de libre circulación. Risso dijo que esta ley tiene una “filosofía inconstitucional” que puede llevar a crear “ghettos”. En cambio, en el sector empresarial aseguran que no puede ser que por 200 personas, a los 140.000 habitantes del departamento que viven del turismo se les vaya el negocio a la ruina.

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