Noticias & Protagonisas

La construcción es una actividad que goza de una venia positiva en la idiosincrasia local. La mayoría opina que la activación del sector es imprescindible, y que los costos que tenga como necesarios implicarán siempre un mal menor, porque traerán aparejada la notoria disminución de la desocupación en los trabajadores que ejercen oficios con diferente grado de calificación -la mano de obra-, y por lo tanto una mejora contundente en el circulante y el consumo.
De lo que no se habla es de cuáles son los riesgos que puede tener el desarrollo desmedido de una industria poderosa, cuyos perjuicios sobre la vida no son tan visibles como la depredación de especies en la pesca, o la contaminación por la minería a cielo abierto. Pero la deficiencia en los controles, o la prevalencia de las redes de poder por sobre los derechos de los ciudadanos ocasionarán males difícilmente salvables, aunque menos mediáticos.
Tal es el caso de Miguel Nicolás Alejandro Cócaro, a quien es factible tomar como modelo de la indefensión en la que puede encontrarse un individuo cuya vida y propiedad se plantan en medio del camino de una empresa constructora. No se trata de la deforestación del Amazonas ni de la demolición de una propiedad de valor histórico, pero es su casa.
Cuando las firmas COARSA SA y Moradas del Mar SRL comenzaron a construir un edificio junto a su vivienda de Avellaneda 81, jamás pensó que su vida se complicaría de semejante forma. Las empresas trabajaban en Avellaneda 67 de esta ciudad, y como primera muestra, llenaron su patio de escombros. Parecía solucionable, a no ser porque, como consecuencia de diversas acciones, comenzaron también a romperse los techos de la casa. Finalmente, la pared medianera de la propiedad, comprometida en las obras, sufrió rajaduras que amenazaban su resistencia.
El propietario intentó comunicarse con la empresa que llevaba adelante los trabajos, sin obtener resultados. Luego se dirigió a la Municipalidad de General Pueyrredon, específicamente a Inspección de Obras Privadas, pero las respuestas efectivas jamás llegaban. Más que extraño era el silencio imperante, cuando tal sector de la comuna tiene la función específica de supervisar el cumplimiento de lo normado respecto de las construcciones y el derecho de los propietarios preexistentes.

Detrás de escena

Aunque los papeles no lo digan, es vox pópuli que la empresa COARSA SA está vinculada de alguna manera importante con el actual secretario de Planeamiento Urbano, José Luis Castorina. Se trata de uno de los funcionarios clave de la gestión Pulti, y su accionar suele resultar tan confuso como el de todos los demás. En los últimos días ocupó las primeras planas de la prensa de la ciudad: tuvo que ser justificado por el mismísimo Intendente después de que sus palabras respecto de la construcción de la terminal ferroautomotora fueran tan poco felices desde lo político.
Se recuerda que Castorina había sido funcionario de la era Aprile, y desde su puesto de la presidencia del Colegio de Arquitectos Distrito IX de la Provincia de Buenos Aires – que aún mantiene- había participado de la polémica desatada tras la lamentable muerte de un albañil en una obra situada en avenida Colón Y Misiones. Se dijo que era una construcción ilegal, y el hoy funcionario lo negó. Durante la administración liderada por Daniel Katz, el secretario de Obras de la gestión, Jorge González, y Castorina integraron partes opuestas de la batalla mediática en la que terció Trujillo, secretario general de la UOCRA. Castorina dijo que no se podía hablar de ilegalidad porque los papeles de esa construcción estaban presentados, en curso. Lo que no tenía era permiso.
¿Cuáles son los efectos de que la empresa COARSA esté ligada a un funcionario poderoso que es a la vez presidente del colegio profesional? Muchos.
Cócaro inició acciones civiles, no solamente con el fin de encontrar justo resarcimiento a los daños que estaba padeciendo, sino además para detener los trabajos que estaban poniendo su propiedad en riesgo. Tenía temor, no solamente por ver destrozada su casa, sino además de que terminara cayéndosele encima.
Su primer resultado no fue bueno. Según consta en la causa, se estableció la necesidad de proceder al apuntalamiento y submuración de la propiedad del damnificado, pero no se indicó un plazo perentorio para que tal medida se hiciera efectiva, ni siquiera se ordenó que se suspendieran los trabajos que habían ocasionado el daño. Corría 2008 cuando el juzgado Civil y Comercial Nº 4 a cargo de Alberto Vidal se expidió ante el reclamo, diciendo que no podía establecer un plazo para las medidas, ya que eso correspondía únicamente a expertos en la materia. Al pedido de suspender los trabajos que le estaban rompiendo la casa, dio un simple “no ha lugar”; agregó que tampoco pondría un veedor que asegurara el cumplimiento de lo indicado.
Cócaro se presentó con la representación legal de Víctor Aldubato, y denunció que si bien hubo una convocatoria a cuatro audiencias en el proceso de mediación, la fiscal Ana María Gil no se presentó a ninguna de ellas ni tuvo información de su realización porque se encontraba en uso de licencia.
Por eso, su accionar demuestra ese efectivo desconocimiento. Ella, dice el abogado, no tiene en cuenta el desinterés que demostraron las empresas cuestionadas, que si bien en un comienzo anunciaron que las aseguradoras de respaldo darían un resarcimiento por los daños, se retiraron de la negociación. A la última de las instancias de reunión, ni siquiera concurrieron.

Sin querer

Cócaro considera que las empresas demostraron tener pleno conocimiento previo del daño que causarían, ya que los efectos se anunciaron en sendas cartas documento. Por eso reclama su derecho a la prosecución del juicio penal.
El Poder Judicial en su conjunto no lo respalda, ya que ni siquiera el juez de garantías le acerca una soga. La empresa asegura que las fisuras se generaron por la caída de una herramienta. “Que usted no esté de acuerdo con la fiscalía o con los magistrados no demuestra que estén violentadas sus garantías constitucionales”, le supo decir el juez Raúl Paolini, en estas u otras palabras. La empresa dijo que la pared se rompió porque se les cayó una herramienta.
Pero Aldubato y Cócaro insisten, reinician una y otra vez el camino diciendo que hubo dolo, y que un juicio penal debe probarlo. Que no es posible que no haya garantías para un ciudadano a quien se le arruina la casa, sólo porque la empresa en cuestión pertenezca a un poderoso.
¿Podría la pared haber caído sobre el propietario o su familia? Sin duda. Lo que sucede es que, aunque todos son iguales ante la ley, algunos son más iguales que otros. Y seguramente, ante un ser humano sepultado por los escombros, habría quien dijera otra vez que la situación no era ilegal porque los papeles estaban en marcha. El dolo no estaría probado. Se trataría de una nueva fatalidad, de esas que tiran obreros de los andamios sin asegurar, de las que destrozan paredes sin cimientos suficientes, de las que hacen caer balcones hechos con materiales baratos. De las que permiten que algunas cosas pasen sin querer, o cuanto mucho como consecuencia de una negligencia que carece de intención. Las aseguradoras pactan un precio y sanseacabó.
Mientras tanto, se cursará este año el tercero de aquellos en los que el abogado Aldubato continúa solicitando la nulidad de todo lo actuado, y señalando todas y cada una de las irregularidades de un proceso sin pies ni cabeza. Al fin y al cabo, hay tantas formas de matar gente, que no alcanza con mostrar la tremenda lentitud e ineficiencia que el Poder Judicial ostenta a la hora de encarcelar al asesino que empuñó un arma de frente. También es lenta con el que atina a tirar un matillo desde arriba.