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Esta será una de las grandes batallas del siglo XXI. Si los alimentos aumentan sus precios o si la población sigue incrementándose, nada va a detener a los países poderosos pero desprovistos de suficiente tierra y agua, en la búsqueda de éstas para su propio beneficio.
A estos actores hay que sumarles los especuladores que compran terrenos simplemente para hacer negocios, como lo hicieron con la energía o cualquier otro bien susceptible de brindar ganancias. Jim Rogers es un especialista en inversiones en materias primas, y le avisa a quien quiera escucharlo que invierta en granjas a lo largo del mundo.
Nuestro país posee una llamada zona de seguridad, que comprende la franja de 150 kilómetros de fronteras y 50 kilómetros en las costas. Son las zonas con mayor concentración de recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, minerales y agua dulce. Antes de 1996, las conformidades para las compras de esas tierras por extranjeros, fueran sociedades o personas, las daban los superintendentes de Frontera.
A partir de ese año, con la gestión al frente de la SSI (Secretaría de Seguridad Interior) del brigadier Andrés Antonietti, en épocas de Menem, fue la SSI la encargada de dar el visto bueno a las radicaciones de sociedades extranjeras en las zonas de seguridad. Ese organismo tiene registrada la aprobación de ventas a extranjeros en aquellos años por unas 8 millones de hectáreas.
La evolución de la extranjerización de las propiedades en esas zonas de seguridad vulnera el espíritu del decreto ley 15.385/44, promulgado por el gobierno del general Edelmiro Farrel, cuando Juan Domingo Perón era su vicepresidente; allí declaraba de “conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.
Por esos años, al contrario de lo que ocurre en la actualidad, el gobierno de Farrel-Perón expropió numerosas propiedades extranjeras, justamente para preservar el territorio nacional y la integridad de la Argentina.
En el año 2008, la entonces diputada por el FPV Claudia Bernazza presentó un proyecto para regular y limitar la concentración y extranjerización de tierras. “Se trata de evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que, de modo directo o indirecto y de continuar sin regulación específica, puede afectar el interés nacional y la preservación y protección de los recursos naturales con que cuenta el país como consecuencia de la constitución anárquica de derechos reales sobre superficies de nuestro territorio”, fundamentaba la legisladora.
Más acá en el tiempo, otros proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional han pedido más restricciones para la compra de tierras por parte de personas o capitales que no sean nacionales. Uno, presentado por la diputada de la Coalición Cívica Susana García, plantea directamente la prohibición a los extranjeros y sus empresas para “la adquisición del dominio y otros derechos reales sobre inmuebles rurales en zonas de seguridad”, y lo fundamenta con citas de leyes protectoras de la mayoría de los países latinoamericanos.
La provincia de Santa Fe se convirtió en la primera en legislar ante la amenaza directa de que empresas y barcos extranjeros vengan al país a llevarse el agua de los ríos. En noviembre, la Legislatura dispuso la prohibición de la comercialización de agua dulce a granel (potabilizada o no), cuyo fin sea la exportación.
No es un tema ideológico, como pueden observar. Los proyectos de ley se repiten en la mayoría de los países de América Latina, y donde no se presentan es porque su legislación ya tiene incorporada la prohibición de adquisición de tierras de parte de capitales extranjeros.
Es una tendencia mundial. Un grupo sueco compró medio millón de hectáreas en Rusia, los fondos de inversión ruso a su vez han comprado millones de hectáreas en Ucrania; el banco estadounidense Morgan Stanley, junto al grupo agroindustrial francés Louis Dreyfus, adquirió decenas de miles de hectáreas en Brasil.
También los Estados hacen negocios. Corea del Sur adquirió 2.306.000 hectáreas a lo largo del planeta (ya controla en el exterior una superficie superior a la totalidad de sus tierras fértiles); China, más de 2 millones; Arabia Saudita 1.6 millones, los Emiratos Árabes 1.2 millones y Japón 324.000 hectáreas. Regiones enteras del globo han pasado a estar bajo control extranjero en países de baja densidad demográfica y con gobernantes, como mínimo, descuidados de su soberanía.
Sin dudas el comportamiento más compulsivo es el de China, porque tiene la obligación de alimentar a 1.400 millones de habitantes. Tiene tierras en Australia, Kazajistán, Laos, México, Brasil, Surinam y en varios países africanos. La mano de obra es enviada desde China y cobran menos de 56 dólares por mes, sin contratos de trabajo ni cobertura médica.
Corea del Sur no se anda con chiquitas. El grupo Daewo, muy cercano al gobierno de su país, firmó un acuerdo con el presidente de Madagascar por medio del cual alquila la mitad de las tierras cultivables de la isla africana. En nuestro país compraron 21.000 hectáreas para criar ganado.
Argentina sólo tiene protegido el 6,3 % de su territorio, según fuentes del Gobierno. La organización norteamericana The Waters Society, sin embargo, calcula que es menos: 1,57 %. De las áreas protegidas (parques naturales, reservas de agua, de vida silvestre y reservas marinas), el 79,7 % pertenece a las provincias y el resto a la Nación.
La Quebrada de Humahuaca, las islas del Ibicuy, el área de Gualeguaychú, las zonas vitivinícolas de Tupungato y Tunuyán, Calingasta al norte y Gaiman al sur, son algunas de las localidades donde los extranjeros se encuentran con facilidades únicas para expandir sus latifundios.
Los casos más emblemáticos de Argentina son Carlo y Luciano Benetton, con un millón de hectáreas productivas en la Patagonia. Otro caso conocido por todos es el del mayor propietario privado de recursos naturales vinculados al agua, tanto en la Patagonia como en los esteros del Iberá correntino, el estadounidense Douglas Tompkins, quien controla, por ejemplo, propiedades de la naciente y de la desembocadura del río Santa Cruz, el más caudaloso de la Patagonia, desde la cordillera al Atlántico.
Una empresa chilena, Arauco, asociada con capitales argentinos, compró casi el 6% del territorio de Misiones. El inglés Charles Lewis es dueño de la mayor parte de El Bolsón y el Lago Escondido, en la frontera con Chile. Un grupo estadounidense en Salta, AIG, posee junto a la finca Jasimaná 1,5 millón de hectáreas, casi el 7% de la superficie de la provincia. El magnate Ted Turner compró 55 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.
Las inversiones extranjeras no son un problema en sí mismas. Sí lo es la facilidad con que el Estado permitió que en zonas de seguridad y de recursos naturales no renovables o vitales, como el agua, se concentraran extensiones tan grandes en manos extranjeras.

América Latina

En Uruguay, el Monadet (Movimiento por la Tierra) presentó un proyecto contra la extranjerización del suelo: “El proyecto modificativo fue realizado por prestigiosos catedráticos constitucionalistas del Uruguay, reconocidos internacionalmente en la materia” sostuvo Luis Córdoba, integrante del grupo. Afirmó además que el proyecto modificativo establece que “quienes suscribimos (…), presentamos el siguiente proyecto de reforma constitucional: 1°) Agrégase al artículo 32 de la Constitución como segundo y tercer inciso: La propiedad inmueble rural solamente podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por ciudadanos naturales o legales. La ley establecerá el máximo que podrá adquirir cada ciudadano”.
Los extranjeros que compran tierras en Perú no pueden invocar “excepción ni protección diplomática” y deben respetar las condiciones de uso que les imponga el Estado de ése país, soberano en el aprovechamiento de todos sus recursos naturales.
En México la legislación es clara: “Sólo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas”. Cuando un extranjero quiere adquirir tierras, debe pedir permiso a la Cancillería mexicana; y a diferencia de lo que pasa en Argentina, “por ningún motivo” pueden comprar en la zona de seguridad.
En Brasil se fijan topes de compra a los extranjeros: no puede sobrepasar el 25 por ciento de la tierra de cada municipio. El Salvador no permite la compra de bienes raíces a extranjeros en cuyos países no tengan iguales derechos los salvadoreños. Y Canadá examina los proyectos de inversión a través del Consejo de Ministros.