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Los oportunistas de siempre titulan “Habrá pescado en Semana Santa”, como si ése hubiera sido alguna vez el meollo de la cuestión. Como si el conflicto que mantuvo el puerto en una situación sumamente complicada e incluyó el bloqueo, fuera el que pone en duda la garantía de las empanadas de vigilia. Como si tener un sector obrero en reclamo de mejoras salariales fuera tan importante como comer o no la afamada tarta gallega.
No van por ahí las cosas. Lo cierto es que se sabe que las plantas de pescado tienen suficiente stock como para enfrentar la normal comercialización durante un periodo acotado de tiempo. El problema real es otro.
Los trabajadores del sector de procesamiento del pescado, a través de sus gremios correspondientes, estaban reclamando un aumento en los salarios del orden del 35%, y el arreglo llegó en los primeros días de la semana por un porcentaje menor, que sin embargo satisfizo las expectativas de los implicados. Ahora bien, ¿qué es lo que hay detrás de una industria que se nutre de los recursos naturales, y sin embargo insiste en distribuir las ganancias de manera desproporcionada, a la vez que no sostiene la sustentabilidad?
N&P dialogó con Jorge Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, para intentar echar luz sobre la cuestión desde un punto de vista que se propone como superador de la contingencia inmediata.
Frías afirmó que hay actitudes extremas del sector empresario que no ha respetado el pacto firmado en octubre pasado, a través del cual se suponía que deberían respetar los aportes de los obreros del fileteado. No fue así. Frías afirma que las empresas de pesca han reinvertido sus enormes ganancias de una manera lícita, pero vertiginosa, violenta. Y que ésta quizá no haya sido la mejor manera de lograr popularidad ante un sector obrero postergado que siente que no crece, que no puede prosperar, y que es parte de una cadena de trabajo en la cual permanece siendo el eslabón más enterrado.
Si bien es cierto que el crecimiento empresario aparece como fabuloso en estos momentos, y también legal, Frías indica que los patrones siempre han postergado los aumentos a los trabajadores. Si los empresarios llevaran adelante un crecimiento más moderado, las ganancias se repartirían de una manera más armónica: “Nadie pretende que los empresarios no ganen dinero. Sólo que han reinvertido de una manera muy violenta: compra de barcos, remozado de plantas, y más”.

Sin respeto

Frías dice que todos los gremios intentaron acercar las partes en la negociación, pero que el proceso permaneció trabado porque la patronal
politizaba el discurso, y pretendía que el Estado se hiciera cargo de los seis o siete puntos de diferencia que había entre las posiciones.
La palabra de la calle era siempre una: no hay necesidad de bloquear un puerto para hacer legítimo un reclamo. Sin embargo, los gremios parecían no haber encontrado otro camino para que sus necesidades fueran enfocadas, cuando lo que estaba en juego era el salario del segmento menos rentable de la industria pesquera.
Se trata de un sector económico muy difícil, que incluye el desarrollo de varios oficios y en el cual se superponen las necesidades de los trabajadores, las pretensiones de los inversores- como en cualquier industria- más las limitaciones del Estado, que debe regular la sustentabilidad del recurso natural.
Hace poco tiempo, la Auditoría General de la Nación había advertido a la Secretaría de Pesca a través de un informe minucioso de más de 150 páginas, en el cual se detallaban las graves irregularidades que se llevan a cabo en la captura de dos especies principales: el calamar y la merluza común o Hubbsi. Pero las fallas no son recientes.
Se supone que esa oficina intenta observar la actividad económica mencionada desde la crisis de la merluza de 2002, y ha retomado sus labores en 2006 y en 2009. Este mes dio a conocer los resultados, en los cuales se observa que ciertos problemas se han profundizado, y que el sistema de fiscalización para su control presenta una seria inconsistencia.
Sucede que a través del estudio técnico específico, es el INIDEP quien está en condiciones de establecer el cupo máximo permisible –CMP- para la merluza, es decir cuánto se puede pescar. Ese límite no se respeta jamás, y por eso no se permite la recuperación del recurso: ”la biomasa reproductiva se encuentra en niveles críticos, lo que indica que la explotación del recurso ya no es sustentable”. ¿Cómo es posible?
Pues bien. Según costa en la denuncia, la Auditoría ha podido verificar que los inspectores de a bordo, es decir los que suben al barco a verificar que la pesca se limite a las especies autorizadas y además dentro de los volúmenes de cupo que ese barco puede capturar, no cumplen con esa función. En algunos casos se encontraron con problemas reales de idoneidad: el inspector nos sabe hacer su tarea. En otros, el funcionario mismo es quien falsea intencionalmente el registro de pesca responsable, incluyendo allí cifras que no son las reales y permitiendo que se pesque de más.
En casos todavía más graves, y en un real acto de connivencia, lo que hace el inspector es labrar el acta de infracción de manera incorrecta, con el fin de que no se pueda iniciar el sumario correspondiente. De esa forma, de los $90.000.000 en concepto de multas aplicadas a infractores, la Secretaría de Pesca solamente logró cobrar $13.000.000.

Se hacen los osos

Esto no es todo. La Auditoría también verificó que no se han respetado las pautas establecidas por la normativa en cuanto al tamaño de los especímenes que pueden ser capturados en el caso de la merluza Hubbsi, especie que atraviesa el más serio riesgo de extinción. Los juveniles de menos de 35 centímetros no pueden ser pescados porque aún no han alcanzado su edad reproductiva y se estaría destruyendo la cadena de vida natural de la especie. Por esa razón, los barcos cuentan con ciertos dispositivos de selección de especies que no permiten arrasar con todo el cardumen.
La Auditoria ha podido constatar que -con anuencia de los inspectores- los barcos utilizan otras redes que llevan a bordo ocultas, ésas con las cuales se captura toda la merluza y no solamente los ejemplares adultos. ¿Una locura? Sí, una locura.
Pero ¿quiénes son estos inspectores que literalmente se están cargando el recurso natural de la costa? Unos señores que forman parte de una trama corrupta, que se mueve por un interés económico suculento amparado en pactos de silencio, y en las costumbres ancestrales que hacen que el puerto sea algo así como territorio extranjero: una ciudad dentro de otra, donde habla solamente el que tiene permiso.
Los inspectores embarcados están agremiados en el SIMAPE, organización liderada por el “Gato” Novero y Pablo Trueba, quienes son dirigentes muy politizados que estuvieron en las filas de Eduardo Duhalde, luego de Felipe Solá – el que enseñó a los políticos argentinos a pasar desapercibidos- y ahora se sacan fotos con el gobernador Daniel Scioli. Son gente que anda detrás de la pesca suculenta. Lo que pasa es que no están detrás de un calamar ni de un filete de merluza, no. Ellos son parte de las personas que saben que no verán el mar cuando se quede sin merluza  y por lo tanto les importa poco que se termine, la verdad. Piezas de una red de corrupción que está secando el mar del que han comido generaciones enteras de pescadores, como los inmigrantes que construyeron heroicamente el puerto local, a golpes de madrugón y tormenta. Y lo peor es que algunos de los corruptos son herederos de apellidos que, hablando mal y pronto, no son dignos de llevar.