08.05.2011 | El 28 de abril, los mandatarios de Perú, México, Chile y Colombia firmaron la “Declaración de Lima”, acuerdo de cooperación que estableció la denominada Alianza del Pacífico, sumando a Panamá en calidad de observador. Su espíritu es integrar a los Estados a partir del libre mercado. La existencia de un bloque sudamericano cada vez se complejiza más.
Hace poco más de una semana, los presidentes de algunos de los Estados americanos con costa mirando hacia oriente firmaron un documento para conformar un área de integración profunda en el marco del Arco del Pacífico Latinoamericano.
En la “Declaración de Lima” se estableció, además del objetivo de alentar la integración regional, la base para un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías en cuestión. Se expresó el firme compromiso de avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, poniendo énfasis en un primer momento en las siguientes áreas: “movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio, incluyendo la cooperación policial; comercio e integración, incluyendo facilitación de comercio y cooperación aduanera; servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de integrar las bolsas de valores; cooperación y mecanismos de solución de diferencias; y crear grupos técnicos para cada una de estas áreas.”
La alianza de los gobiernos más conservadores de la región no tiene raíces sólo ideológicas, aunque éstas faciliten el proceso. El presidente mexicano Felipe Calderón declaró que las cuatro naciones del Pacífico tienen un volumen comercial (importaciones más exportaciones) de 872.000 millones dólares, mientras que las del Mercosur suman 543.000 millones. Esta afirmación no es casual, y pone de relieve una de las intenciones de la unión de estos Estados.
El gobernante colombiano Juan Manuel Santos defendió el bloque argumentando que Colombia, México, Perú y Chile “tenemos muchas cosas en común: tratados de libre comercio, modelos económicos y políticos muy parecidos, creemos firmemente en la libertad y la democracia, que tienen que ver con el respeto a la propiedad privada y al Estado de derecho”. Resulta particular la defensa por parte del mandatario, quien propuso a la diplomática María Emma Mejía para ocupar la Secretaría General de UNASUR.
En el caso de Perú, el presidente saliente Alan García deja un compromiso asumido para su sucesor. El candidato de “Gana Perú”, Ollanta Humala, mantuvo una reunión con Felipe Calderón, Sebastián Piñera y Juan Manuel Santos, donde afirmó que en un eventual gobierno suyo fortalecerá el acuerdo que los países de ésos presidentes firmaron con el suyo. Pese a esto, algunos representantes de su partido en el Congreso, como Javier Díaz Canseco, han afirmado que se trata de una actuación irresponsable de García, pues coloca un espacio paralelo a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que implica la esperanza de un desarrollo regional de esta parte de Iberoamérica, y lo hace para fortalecer un eje pro-norteamericano en el Pacífico.
Más allá de las visiones internas propias de Perú, que se encuentra en camino a la segunda vuelta electoral (con todo lo que ello implica), debe rescatarse la intención clara de fragmentación que supone la nueva institución creada. Por otra parte, supone el reingreso de México a un sistema de integración con Sudamérica, luego de un lapso en el cual su relación con el subcontinente no venía siendo tan cercana.
La unión de Chile y Perú también es particular para un momento en el que sus diferencias limítrofes serán dirimidas por la Corte Internacional de Justicia; y cuando Bolivia está pronta a presentar una demanda ante los Tribunales Internacionales reclamando salida al mar. El mandatario boliviano declaró que “el diálogo avanzó con la ex presidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010), pero se estancó con su sucesor Sebastián Piñera.”
Aunque Ecuador fue invitado a participar en los inicios de esta idea que manifestó el presidente peruano García hacia fines del año pasado, no prosperó su integración.
Tanto Ecuador como Bolivia forman parte de la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA-TCP), acuerdo promovido por Venezuela. También forman parte del acuerdo Cuba, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda.
A este complejo panorama debe sumarse la existencia de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual forman parte dos países miembros del ALBA (Bolivia y Ecuador) y dos que integran la Alianza del Pacífico (Perú y Colombia). Las diferencias al interior de esta comunidad se agudizaron en los últimos años. En primer lugar, provocaron el retiro de Venezuela (en respuesta a la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos). Tiempo más tarde generaron roces con Bolivia; asociados a las negociaciones entabladas con la Unión Europea. Ya en junio de 2008 Alan García afirmaba que este bloque había “envejecido”, mientras que hace algunos días el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, expresó que “en materia de comercio e inversiones la CAN no está en condiciones de ir más allá de donde está”.
La situación en los países andinos es por demás compleja. A la existencia de múltiples bloques de integración (Alianza del Pacífico, ALBA, CAN y Mercosur) se suman los tratados bilaterales, reclamos territoriales y diferencias ideológicas. Pensar en una Sudamérica unida bajo el paraguas de UNASUR necesitará indefectiblemente un acercamiento entre todos los Estados de la región, situación que cada vez se hace más difícil. Argentina se encuentra en un año en el cual la preocupación principal pasa por lo interno, teniendo en cuenta las próximas elecciones presidenciales de octubre. En Brasil la situación también se inclina hacia la política nacional, con un gobierno que hace escasos meses ha asumido el poder y con altas expectativas puestas sobre la mandataria actual, Dilma Rousseff, de que su periodo a cargo de la presidencia sea mejor o igual que el de su predecesor, Lula da Silva. En Paraguay se discute la posibilidad de reformar la constitución para permitir una eventual reelección de Fernando Lugo. Mientras que en Uruguay, el presidente Mujica enfrenta uno de los momentos más delicados de su gobierno, debido a la polémica desatada por la posibilidad de que quede sin efecto la Ley de Caducidad, que ha permitido hasta el momento no juzgar a los militares acusados de cometer delitos durante la dictadura de 1973 a 1985.
Como puede observarse, no es simple pensar en una unión de todos los países sudamericanos. Deben dejarse de lado los personalismos, los conflictos internos y los bloques que involucran sólo a una parte de los Estados de la región. Los Estados deben ceder, negociar, llegar a acuerdos que beneficien a toda la región por encima de los intereses particulares. Deberán aceptar que hay que relegar algo del concepto clásico de soberanía si es que se quiere lograr una verdadera integración. Las alianzas en el Pacífico siguen complicando el panorama...
por Melisa Centurión
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