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El oro enterrado en la cordillera y la precordillera ha fijado una nueva frontera minera. Por estos días, se llevó a cabo en la provincia de San Juan la III Exposición y Seminario Internacional de Desarrollo de la Minería Argentina, que se extendió hasta el 30 de mayo. El gobernador José Luis Gioja anticipó que sería la ocasión perfecta "para que asistamos todos y nos saquemos todas las dudas sobre la minería".
En realidad, las dudas entre las poblaciones cercanas a las explotaciones son muchas. Nuestro país se convirtió en un lugar de importancia en la minería mundial en 1997, cuando la mina de Bajo la Alumbrera entró en actividad en la provincia de Catamarca. Fue el inicio de un gran número de gigantescas minas a cielo abierto que tomaron cuerpo en todo el territorio montañoso, y su número seguirá aumentando ya que hay cientos de proyectos que esperan ser aprobados por la Secretaría de Minería de la Nación. El crecimiento es tal que en un solo año, en el 2006, las inversiones se incrementaron en un 56.6% con respecto al 2005. La inversión saltó a U$S 1.770 millones en el 2007, desde los U$S 220 millones del 2003, según datos oficiales.
En su mayoría, estas inversiones están dirigidas a la extracción de oro y plata, y en menor medida al cobre y otros metales estratégicos de muy alto valor utilizados en la industria de aeroespaciales. Minas a cielo abierto que utilizan un método muy poco ecológico: la lixiviación en pilas con soluciones de cianuro.
El oro que se extrae se utiliza en parte en joyería, pero sobre todo va a parar a los bancos centrales, y su liquidez lo hace parecer más un instrumento financiero que una materia prima. A medida que el dólar y los bonos del tesoro estadounidense se devalúan, el precio del oro se ha disparado. En el 2002 el valor era de 227 dólares por onza; en el momento de escribir esta nota el valor es de 907,90 dólares por onza. Sin embargo, la ley argentina le prohíbe explotarlo al propio Estado (Art. 9 y 346 del Código Minero).
A principios de la década del ‘90 se promovió la creación de un marco jurídico bajo el paradigma neoliberal de la época: las mejores condiciones posibles para las empresas involucradas y la menor injerencia posible del Estado y de la sociedad civil. Esta legislación que reglamenta la actividad minera se desarrolló con muy poca exposición pública.
Durante casi una década la Aduana no tuvo un laboratorio para determinar la cantidad de minerales que eran efectivamente sacados del país, dando por válidas las declaraciones juradas presentadas por las empresas exportadoras, preparadas en laboratorios privados. El sector minero se encuentra protegido por una legislación tan favorable que las empresas cuentan, entre otras ventajas, con estabilidad fiscal por treinta años, lo que les permite deducir de sus ganancias el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad de un proyecto; las provincias y la Nación acordaron eliminar todo gravamen y tasa municipal e impuestos a los sellos.
Están exentas del impuesto al cheque y a los combustibles y se encontraban favorecidas por la exención de retenciones a las exportaciones. En diciembre pasado, el Gobierno eliminó estas exenciones de hasta 10% que las favorecían, lo que llevó a varias firmas a hacer presentaciones judiciales argumentando que la medida contradice el Código de Minería.
El cambio impositivo de diciembre elimina las exenciones a los aranceles de exportación introducidas en el 2002. "Los proyectos han multiplicado sus ganancias respecto a los valores originales, mediante los cuales se han factibilizado, lo que garantiza la continuidad de los mismos", dijo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "El escenario actual hace de Argentina un excelente lugar para invertir en minería, como lo demuestran el incremento de todos los indicadores sectoriales", agregó. Por supuesto que las empresas se quejan de inseguridad jurídica, y otros se quejan simplemente por el saqueo desvergonzado.
Las empresas mineras funcionan en Argentina con un contacto económico mínimo con su entorno. Los proyectos en funcionamiento ni siquiera prevén el proceso de los minerales en el país. Lo que queda es la regalía de un máximo de 3%, el costo de la mano de obra de la zona, más una módica actividad económica generada con la compra de insumos de escaso valor industrial provistos por empresas locales, sumas muy marginales respecto del valor de los recursos extraídos.
En este mes, los empresarios de MCC Minera Sierra Grande SA y representantes del gremio minero AOMA iniciaron conversaciones en Viedma en el marco de una conciliación. El tema primordial era salarial, ya que los trabajadores pretenden que la empresa china MCC otorgue un aumento genuino a los trabajadores.
Algunos ganan 1.300 pesos de bolsillo, para un trabajo que la mayoría de nosotros no haría ni por todo el oro del mundo. Ya abandonaron su puesto 218 trabajadores y tampoco les dan trabajo a multitudes en las zonas en las que operan. El sindicato pedía también avanzar en otros temas, como seguridad e higiene porque la gente trabaja en pésimas condiciones desde hace tres años, cuando MCC se hizo cargo de la mina. Es apenas un ejemplo de los muchos que se podrían exponer aquí sobre este sector.
La anglo australiana BHP Billiton es la empresa más rentable de toda América Latina; pero su masa salarial es de 70 millones de dólares, menos de un 1% de las ganancias del grupo y sus socios.
En otros países existen empresas mineras estatales de participación mixta, como el ejemplo del cobre en Chile que ni Augusto Pinochet se atrevió a privatizar, y que son exitosas y competitivas y están sujetas a control del Estado.
Barrick Gold, en la provincia de San Juan, al abrir una de las minas explicó que esperaban que el valor de los minerales extraídos, una vez procesados fuera del país, fuese aproximadamente de 12.000 millones de dólares. La provincia de San Juan espera recibir como regalía, a lo largo de 20 años, 70 millones de dólares. Esto es el ridículo que estas empresas pagan por extraer y llevarse del país un recurso no renovable. Y tampoco quieren pagar retenciones a la exportación.